Foro Mundial “Migración y Desarrollo 2017”
CAREF, como integrante del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil, participa junto a organizaciones y redes de la sociedad civil, del Foro Mundial “Migración y Desarrollo 2017” en Alemania. Trabaja activamente en el seno de las discusiones para brindar aportes desde la Región
Compartimos el Posicionamiento de las organizaciones y redes de la sociedad civil de Latinoamérica.
La región Latinoamericana comprende uno de los corredores migratorios continentales más extensos y diversos a nivel mundial, al mismo tiempo que presenta los índices de desigualdad más elevados. La cuestión de la movilidad humana a lo largo del continente obedece a causas estructurales, entre las cuales, junto a la violencia social y política generalizada, destacan los modelos de desarrollo excluyentes que desplazan a comunidades que al no poder vivir en condiciones dignas, se ven obligadas a migrar. Nuestra región es testigo de las migraciones intrarregionales y entre comunidades transnacionales y transfronterizas, de tránsito y asentamiento de poblaciones migrantes provenientes de países de África y Asia, así como de retorno por deportaciones o de manera voluntaria.
Las violencias en todo el proceso migratorio y la ausencia del Estado como garante de derechos, generan nuevos desplazamientos y efectos, como lo es el caso de las familias en búsqueda de personas migrantes desaparecidas o víctimas de homicidio, que para exigir y acceder a la justicia también tienen que migrar. Así mismo, la criminalización de la población en contextos de movilidad y la militarización de nuestras tierras, restringen cada vez más la movilidad humana en Latinoamérica.
Los riesgos y la creciente violencia contra migrantes durante su trayecto ocurren en mayor escala, brutalidad y barbarie en la región que comprenden El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Una tragedia constante son las situaciones por las que atraviesan las personas migrantes víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos debido a distintos atropellos tales como el robo, la extorsión, el secuestro, la tortura, la trata de personas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones en su tránsito por México, cometidas muchas veces por grupos del crimen organizado coludidas con el gobierno. Ejemplo de ello es la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando en Tamaulipas, México, en agosto de 2010. Este, como otros episodios similares, a pesar de haber sido denunciados por diversas organizaciones internacionales y organismos regionales, continúa en completa impunidad.
La región sudamericana ha mostrado una postura en miras hacia la integración regional y la perspectiva de derechos humanos, sin embargo, comienzan a observarse políticas migratorias que afectan la movilidad de forma negativa, como el caso de Argentina con las modificaciones recientes a la Ley Nacional de Migraciones por la vía del decreto, y de Brasil con los vetos presidenciales a la norma aprobada por el Congreso. Incluso, pareciera que la puesta en marcha de centros de detención para migrantes comienza a ser considerada como una opción para los gobiernos de América del Sur.
Las políticas migratorias basadas en el control, la detención y la deportación de las personas migrantes, diseñadas desde una perspectiva de seguridad nacional y basadas en la militarización como mecanismo de contención, han generado además de violaciones a los derechos humanos, un aumento de la corrupción y colusión de autoridades en estos delitos graves, así como la criminalización de las personas migrantes y el fomento de la xenofobia entre las poblaciones locales.
Por otro lado, debido a las estructuras patriarcales al interior de las sociedades e instituciones en América Latina, las personas con identidades sexuales diversas (LGBTTTIQ) y las mujeres en la migración, se enfrentan a mayores situaciones de violencias, discriminaciones y violaciones a sus derechos humanos por cuestiones de género, lo que afecta sus condiciones en la migración, el acceso a sus derechos y a mecanismos de protección internacional.
La falta de voluntad política e incapacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, migrantes, refugiados y desplazados internos, se ve reflejada en situaciones como la privación de su libertad en centros de detención migratoria, contrario a lo que dictan las leyes nacionales y estándares internacionales que velan por el respeto al principio del interés superior de la niñez.
Finalmente, la situación de inseguridad, riesgo y desprotección de las personas defensoras de los derechos de la población migrante, refugiada, desplazada y solicitante de asilo, se acentúa debido a la persecución no sólo por parte del crimen organizado, sino también por agentes estatales y privados.
Texto completo del posicionamiento Recomendaciones del Bloque Latinoamericano